OBJETIVO 6: GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE AGUA Y SU GESTIÓN SOSTENIBLE Y EL SANEAMIENTO PARA TODOS

La escasez de recursos hídricos, la mala calidad del agua y el saneamiento inadecuado influyen negativamente en la seguridad alimentaria, los medios de subsistencia y las oportunidades de educación para las familias pobres en todo el mundo. La sequía afecta a algunos de los países más pobres del mundo, recrudece el hambre y la desnutrición.

Para 2050, al menos una de cada cuatro personas probablemente viva en un país afectado por escasez crónica y reiterada de agua dulce.

Este objetivo busca garantizar la disponibilidad y gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos.

 

  • Desde 1990, 2.600 millones de personas han obtenido acceso a mejores fuentes de agua potable, pero 663 millones todavía carecen de dicho acceso.
  • Al menos 1.800 millones de personas en el mundo utilizan una fuente de agua potable que está contaminada con materia fecal.
  • Entre 1990 y 2015, la proporción de la población mundial que utilizaba mejores fuentes de agua potable aumentó del 76% al 91%
  • Más de 1.700 millones de personas viven actualmente en cuencas fluviales donde el consumo de agua es superior a la recarga.
  • Actualmente, 2.400 millones de personas carecen de acceso a servicios básicos de saneamiento, como retretes o letrinas.
  • Más del 80% de las aguas residuales resultantes de las actividades humanas se vierte en ríos o el mar sin que se eliminen los contaminantes.
  • Cada día, cerca de 1.000 niños mueren a causa de enfermedades diarreicas prevenibles relacionadas con el agua y el saneamiento.
  • La energía hidroeléctrica es la fuente de energía renovable más importante y más utilizada y, en 2011, representó el 16% de la producción total de electricidad en el mundo.
  • El 70% de las muertes causadas por desastres naturales se deben a las inundaciones y los desastres relacionados con el agua.
  • Lograr el acceso universal y equitativo al agua potable, a un precio asequible para todos.
  • Lograr el acceso equitativo a servicios de saneamiento e higiene adecuados para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones vulnerables.
  • Mejorar la calidad del agua mediante la reducción de la contaminación, la eliminación del vertimiento y la reducción al mínimo de la descarga de materiales y productos químicos peligrosos, la reducción a la mitad del porcentaje de aguas residuales sin tratar y un aumento sustancial del reciclado y la reutilización en condiciones de seguridad a nivel mundial.
  • Aumentar sustancialmente la utilización eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua.
  • Poner en práctica la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza.
  • Para 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos.
  • Ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los países en desarrollo para la creación de capacidad en actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, incluidos el acopio y almacenamiento de agua, la desalinización, el aprovechamiento eficiente de los recursos hídricos, el tratamiento de aguas residuales y las tecnologías de reciclaje y reutilización.
  • Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento.

La escasa inversión en investigación de mejoramiento de recursos hídricos renovables así como la poca conciencia de que este problema como un problema global implica bajo nivel de compromiso a nivel estatal e incluso en la sociedad civil.

El 28 de julio de 2010, la Asamblea General de la  ONU reconoció el derecho al agua y al saneamiento como un derecho humano reiterando la necesidad de que los Estados y organizaciones internacionales incentiven los recursos financieros necesarios para la capacitación y transferencia de tecnología sobre todo en países en desarrollo para proporcionar un suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para todos, (ONU, 2014) sin embargo, es claro que  este recurso sigue exponiéndose a la mercantilización y muchos países siguen sin aplicar políticas públicas que garanticen el acceso para toda la población.

Cerca de una quinta parte de los países del mundo padecerán agudos recortes en el suministro de agua en 2040. Oriente Medio es la región más vulnerable con nueve países que podrían sufrir fuertemente la escasez de agua: Bahréin, Kuwait, Palestina, los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Omán y el Líbano. En América Latina, el porcentaje de población sin acceso al agua es entre el 5 y el 20%, donde además es cada vez mayor la brecha de acceso al agua entre los sectores urbanos y rurales.

En cuanto a la privatización del agua Latinoamérica es la zona geográfica en la que se ha promovido en mayor medida la privatización de los servicios de agua, especialmente por tres factores:

 

  • la existencia de una voluminosa clase media, bastante atractiva para la inversión privada;
  • numerosos operadores públicos, con pocos recursos y con niveles de endeudamiento importantes, que hacen que la alternativa privada sea fácilmente justificable;
  • amplísima aplicación de las políticas neoliberales, por medio de planes de ajuste estructural y créditos condicionados. (Ecologistas en Acción, 2012)

 

De la mano de esta mercantilización se excluye a las poblaciones con menos recursos de poder adquirir un bien público.

En la misma línea, el acaparamiento de mantos acuíferos por multinacionales es un obstáculo de gran magnitud para este objetivo debido a que ha supuesto violaciones importantes a los derechos humanos en la que campesinos se han visto en la necesidad de poner su vida en peligro con tal de defender su derecho al agua de la las grandes empresas explotadoras, como en el caso de Máxima Acuña contra la empresa (estadounidense-peruana) Yanacocha.

Otro ejemplo de lo anterior es el reciente asesinato de la hondureña, Berta Cáceres, activista ambiental y defensora de los derechos humanos que logró desarmar un proyecto que pretendía construir una represa en el noroeste del país en el Río Gualcarque, sagrado para las comunidades indígenas y vital para su supervivencia y que era apoyado por la compañía china Sinohydro y la Corporación Financiera Internacional, institución del Banco Mundial que invierte en el sector privado.

América Latina registra una de las tasas más altas por asesinatos de ambientalistas, de las 116 muertes de ambientalistas que se documentaron el año pasado –el número real puede ser mayor– casi tres cuartas partas ocurrieron en América Latina, especialmente en Honduras, Brasil y Perú.

 

Desde la sociedad civil

 

Desde la formulación de políticas

 

Desde el Sector Privado

 

Desde la  comunidad científica y académica

Involucrarse en actividades o grupos de presión que exijan rendición de cuentas a los gobernantes sobre la gestión apropiada del agua.

 

 

 

 

Desarrollar políticas de gestión apropiada del agua que promueva la inclusión de las mujeres, los jóvenes y las comunidades indígenas en la gobernanza de recursos hídricos.  Organizar campañas sobre el Día Mundial del Agua y el Día Mundial del Retrete, concientizando sobre este tema para traducirlos en medidas concretas para una  mayor sostenibilidad e integridad de los sistemas humanos y ecológicos.

Actuar con carácter responsable en cuanto a su propia factura energética y uso de recursos hídricos.

Promover desde la responsabilidad social empresarial, proyectos para el abastecimiento de agua en zonas con escasez

Fomentar la inversión en investigación para el desarrollo de recursos hídricos alternativos y procesos de mantenimiento y salubridad del agua.

Investigar sobre las ocupaciones ilegales o injustas de fuentes acuíferas.

Incentivar formación sobre aspectos de defensa en comunidades vulnerables afectados por estos temas.

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